viernes, 29 de mayo de 2015
Christopher y la justicia para menores
LILIANA ROJERO. El pasado 14 de mayo, fue asesinado el niño Christopher Raymundo Márquez Mora, de seis años de edad en la ciudad de Chihuahua. Este acontecimiento no solo cimbro a la comunidad chihuahuense sino que causo estupor en el resto del país. La consternación creció porque los presuntos asesinos materiales son menores de edad. Este niño fue muerto y martirizado por otros niños “amigos suyos”.
No me atrevería a escribir acerca de las causas de tan grave suceso, porque no soy experta, quisiera charlar con ustedes acerca del reto de justicia que implica juzgar a menores de edad. Cinco menores fueron vinculados a proceso por su responsabilidad en el homicidio. El juez especializado en Adolescentes Infractores, Francisco de León Merino, tomo esta medida al considerarse que son probables coautores materiales de homicidio calificado, pues los niños, estaban “jugando” al secuestro y así fue como lo mataron. Las medidas cautelares son la detención preventiva y la custodia al cargo del DIF.
Aquí el gran reto en materia de justicia, es dictaminar cuan responsables son dichos niños, si son conscientes del daño hecho, pues no son adultos con madurez, a la vez, que asombra la saña con que dicho asesinato fue realizado. ¿Cómo juzgar a un menor de edad? ¿Cómo niño o como adulto? ¿Considerarlo menor infractor significa que no tienen toda la capacidad cognitiva para distinguir entre el bien y el mal? ¿Existe en México un marco normativo en materia de justicia para menores?
En 2012, se publicó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. La ley federal sienta las bases de un sistema de justicia especializada para adolescentes, necesaria luego de la reforma al artículo 18 constitucional en 2005. Este marco normativo en la materia, garantiza su congruencia con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y con los estándares internacionales en materia de protección de derechos de niños y niñas y adolescentes.
Dicha ley no está armonizada con el sistema acusatorio de justicia penal ni con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reformo el artículo Primero Transitorio de dicha ley Federal para que no ente en vigor hasta junio de 2016.
El reto es lograr una Reforma Constitucional que pretenda hacer facultad del Congreso de la Unión la legislación procesal única en materia de justicia para adolescentes. Dicha reforma fue aprobada por la Cámara de Senadores en octubre de 2014. Falta la aprobación en la cámara de diputados y en las legislaturas de los Estados. Pretende unificar los procesos penales especializados para adolescentes y que estén con armonía con el código nacional de procedimientos penales.
Aún falta mucho para evitar más tragedias como la de Christopher, pero aún más, saber qué hacer cuando sucede. Dar justicia a Christopher y su familia, aquellos que lo perdieron, bien empezaría por generar los cambios en materia judicial que supone el caso.
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